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Ligazóns con información de interese:

 

Resumo sentenzas cooperativas 2025

• Tribunal Supremo (Social), sec. 1ª, S 25-09-2025, nº 775/2025, rec. 1266/2024

El recurso de casación para la unificación de doctrina fue interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El problema jurídico versa sobre si existe o no una relación laboral entre la empresa INTERNATIONAL CASING PRODUCTS SLU (en adelante, ICP) y los socios cooperativistas de Agua Sociedad Cooperativa Galega.

En los Fundamentos de Derecho de esta resolución, el Tribunal señala que Auga Sociedad Cooperativa Galega, pese a cumplir formalmente los requisitos de la normativa de cooperativas, actúa en la realidad como una mera intermediaria de mano de obra y que no existe una auténtica estructura organizativa propia ni actividad material empresarial autónoma, considerándose por tanto que el verdadero empleador es la empresa principal ICP. Y ello en cuanto la cooperativa no organiza, ni dirige, ni controla, de manera efectiva y real, los trabajos que realizan los socios cooperativistas en ICP, así como tampoco asume las responsabilidades ni los riesgos económicos propios de una empresa, no aporta medios materiales ni estructura humana, ofreciendo únicamente fuerza de trabajo para sus empresas clientes, de modo que lo que presta no es un servicio, sino que actúa como intermediaria entre la empresa cliente y los socios trabajadores, los cuales se incorporan física y funcionalmente a su proceso productivo.

Por ello, el Tribunal Supremo resuelve que la relación de los cooperativas con ICP debe ser considerada una relación laboral a todos los efectos.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 28-04-2025, nº 634/2025, rec. 6243/2020

El recurso de casación se interpuso en un litigio promovido por nueve cooperativistas contra el banco receptor de sus aportaciones con base en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, y (como en el recurso resuelto por la sentencia de la sala 498/2024, de 15 de abril, en que fueron parte recurrida el mismo banco y parte recurrente otros cooperativistas de la misma cooperativa y promoción), la controversia en casación se reduce, a tenor de la razón decisoria de la sentencia recurrida para desestimar la demanda, a la cuestión de si dicha ley es aplicable al caso, teniendo en cuenta que la cooperativa promovía la construcción de las viviendas en una parcela sobre la que ostentaba un derecho de superficie.

El problema jurídico consiste en si procede aplicar la Ley 57/1968 a un caso en que las viviendas promovidas por la cooperativa no estaban destinadas a ser entregadas en propiedad a los demandantes, lo que ha permitido a la entidad recurrida oponerse al recurso con pleno y cabal conocimiento de dicha cuestión jurídica, siendo también notorio el interés casacional en la modalidad de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, por la existencia de respuestas diferentes de secciones de la Audiencia Provincial de Madrid al mismo problema jurídico.

Los motivos alegados en el recurso fueron estimados, se fundamenta en que la ley es aplicable a toda promoción de viviendas, incluyendo las realizadas por cooperativas con derecho de superficie, siempre que las viviendas estén destinadas a uso residencial. Se considera que la naturaleza jurídica de la cesión temporal no excluye la protección legal, y que las aportaciones realizadas por los cooperativistas fueron ingresadas en cuentas de Caixabank que conocía o debía conocer su finalidad, por lo que la entidad bancaria debe responder por la falta de garantías y la frustración del proyecto. Además, se confirma que los intereses legales se devengan desde la fecha de cada anticipo. En consecuencia, se desestima el recurso de apelación del banco y se imponen las costas de segunda instancia a la entidad demandada, sin costas en el recurso de casación.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 22-04-2025, nº 616/2025, rec. 6211/2020

Un demandante interpuso demanda contra una entidad de crédito solicitando la restitución de cantidades entregadas a cuenta de la construcción de su vivienda, junto con los intereses legales desde la fecha de cada entrega. La demanda fue inicialmente desestimada en primera instancia, pero en apelación se estimó parcialmente, condenando a la entidad a abonar una cantidad menor a la reclamada y fijando el inicio del devengo de intereses desde la fecha de la demanda. El demandante recurrió en casación alegando que el devengo de intereses debía computarse desde cada entrega anticipada, conforme a la Ley 57/1968 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por el demandante, considerando que conforme a la jurisprudencia reiterada, los intereses legales en estos casos son remuneratorios y deben devengarse desde la fecha de cada entrega anticipada. Se concluye que la sentencia recurrida incurrió en error al fijar el inicio del devengo de intereses desde la fecha de la demanda. No procede imponer costas en ninguna instancia debido a la estimación parcial del recurso de apelación y la desestimación parcial de la demanda. El fallo casó la sentencia recurrida en cuanto al pronunciamiento sobre intereses, fijando el comienzo del devengo en las fechas de entrega de las cantidades anticipadas, confirmando el resto de la sentencia.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 21-04-2025, nº 588/2025, rec. 4150/2020

Una compradora suscribió un contrato privado de compraventa con una promotora inmobiliaria para la adquisición de una vivienda en construcción, realizando pagos anticipados por un total de 18.970,95 euros mediante letras de cambio libradas por la promotora y aceptadas por la compradora. Estas letras fueron cobradas por la promotora y posteriormente ingresadas en una cuenta bancaria de la promotora en una entidad de crédito, sin que existiera un contrato de descuento entre la promotora y dicha entidad, ni indicaciones claras que relacionaran los ingresos con anticipos de compraventa.

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria, absolviéndola de las pretensiones deducidas en su contra. Se fundamenta en que no se ha probado que el banco conociera o debiera conocer que los ingresos realizados en la cuenta de la promotora correspondían a anticipos de compraventa, dado que la cuenta no estaba destinada exclusivamente a tal fin y los ingresos carecían de indicaciones que permitieran identificar su naturaleza. Por tanto, no se puede extender la responsabilidad del banco más allá de lo establecido en la jurisprudencia, que exige un conocimiento o deber de conocimiento efectivo de la naturaleza de los ingresos para imputar responsabilidad del artículo 1-2.ª de la Ley 57/1968. En consecuencia, se casa parcialmente la sentencia de apelación y se desestima íntegramente la demanda contra el banco, imponiendo a la demandante las costas de la primera instancia causadas al banco y sin condena en costas en segunda instancia ni en casación.

La responsabilidad del banco receptor no es automática por la mera titularidad de la cuenta por una promotora inmobiliaria, sino que requiere que el banco conozca o deba conocer la naturaleza de los ingresos, evitando imponer un deber fiscalizador excesivo e inquisitivo sobre cualquier ingreso en cuentas de promotoras con múltiples finalidades.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 19-03-2025, nº 442/2025, rec. 197/2021

Las demandantes se subrogaron en la posición de un cooperativista mediante un contrato fechado el 7 de julio de 2011 para la adquisición de una vivienda promovida por una cooperativa que ya había obtenido la licencia de primera ocupación el 5 de julio de 2011. Posteriormente, el 17 de octubre de 2011, solicitaron su baja voluntaria de la cooperativa alegando la imposibilidad de obtener financiación para la compra de la vivienda. La cooperativa presentó concurso voluntario meses después y no restituyó las cantidades anticipadas a las demandantes. Las demandantes interpusieron demanda contra las entidades bancarias donde la cooperativa tenía abiertas las cuentas para los anticipos, reclamando la restitución de las cantidades con base en la responsabilidad de dichas entidades por no exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de la cooperativa. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y condenó a las entidades a restituir las cantidades con intereses, decisión que fue confirmada en apelación. Banco Santander recurrió en casación y por infracción procesal, alegando que la vivienda ya estaba terminada y que la baja no se basó en incumplimiento de la cooperativa sino en la imposibilidad de pago.

La Sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y estima el recurso de casación interpuesto por Banco Santander. Se concluye que la responsabilidad prevista en la Ley 57/1968 no es aplicable cuando la subrogación en la cooperativa se produce tras la concesión de la licencia de primera ocupación y la baja voluntaria de los cooperativistas no se fundamenta en incumplimiento de la cooperativa sino en causas ajenas como la imposibilidad de financiación. La sentencia de apelación que había confirmado la condena a Banco Santander se casa y revoca parcialmente, desestimando la demanda contra dicha entidad. No se imponen costas por el recurso de apelación ni por la intervención en primera instancia de Banco Santander, dada la complejidad y particularidades del caso. En definitiva, se reconoce que la garantía de restitución de cantidades anticipadas no subsiste cuando la rescisión del contrato no se debe a incumplimiento del vendedor sino a voluntad del comprador o mutuo disenso sin incumplimiento.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 19-03-2025, nº 446/2025, rec. 5119/2019

El demandante suscribió en 2004 un contrato de adhesión a una cooperativa para la adquisición de una vivienda, realizando pagos anticipados a través de una cuenta abierta en Banco Santander. En 2008 solicitó la baja de la cooperativa alegando motivos económicos, y la cooperativa le devolvió parcialmente 10.000 euros, sin restituir el resto de las cantidades entregadas. La cooperativa no había contratado aval o seguro que garantizara la devolución de dichas cantidades. El demandante reclamó judicialmente a Banco Santander la restitución de las cantidades ingresadas, basándose en la Ley 57/1968. La primera instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó la sentencia y desestimó la demanda, argumentando que la baja se solicitó por motivos económicos y no por incumplimiento de la cooperativa, por lo que no procedía la responsabilidad del banco. El demandante interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, que fueron finalmente desestimados.

La Sala desestima los recursos interpuestos por el demandante, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió al banco demandado. Se fundamenta en que el demandante solicitó la baja de la cooperativa por razones económicas y no por incumplimiento de la cooperativa en la entrega o inicio de la vivienda, por lo que no se configura la causa que activa la garantía de devolución prevista en la Ley 57/1968. La jurisprudencia citada establece que la garantía solo opera en caso de incumplimiento del vendedor o cuando la construcción no llega a buen fin, no en supuestos de renuncia voluntaria del comprador. Por tanto, no procede exigir al banco la restitución de las cantidades anticipadas. El fallo es de desestimación de los recursos y condena al recurrente al pago de las costas procesales

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 18-03-2025, nº 430/2025, rec. 3210/2020

En 2005 se constituyó una cooperativa para la construcción de viviendas protegidas, abriendo una cuenta especial en una entidad bancaria para el ingreso de cantidades anticipadas de los socios. La cooperativa concertó un aval solidario con la entidad para garantizar la devolución de las cantidades anticipadas en caso de incumplimiento. Posteriormente, parte de los fondos depositados en la cuenta especial fueron destinados a la compra de una parcela comercial, decisión adoptada en asambleas de socios, con conocimiento y consentimiento de los mismos. Los socios demandantes reclamaron contra la entidad bancaria, sucesora de la caja de ahorros, alegando que esta incumplió su deber de control al permitir que los fondos se destinaran a un fin distinto al de la construcción de las viviendas, solicitando la restitución de las cantidades y daños y perjuicios. La entidad demandada defendió que la compra fue decidida por los propios socios y que la promoción se completó con la entrega de las viviendas, por lo que no existía responsabilidad por su parte.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por los socios cooperativistas, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió a la entidad bancaria. Se argumenta que la responsabilidad de la entidad depositaria se limita a controlar la apertura de la cuenta especial y la formalización de la garantía, no extendiéndose a un control exhaustivo del destino de los fondos cuando la decisión sobre su aplicación fue adoptada por los propios socios en asamblea. Además, se reconoce que la finalidad esencial de la Ley 57/1968, la construcción y entrega de las viviendas, fue cumplida. Por tanto, no se aprecia incumplimiento ni responsabilidad de la entidad bancaria. El fallo es de desestimación del recurso de casación y se imponen las costas a los recurrentes.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 17-03-2025, nº 408/2025, rec. 3641/2020

El demandante adquirió una unidad habitacional en un conjunto residencial geriátrico promovido por una cooperativa, realizando aportaciones anticipadas al precio pactado. La cooperativa suscribió una póliza colectiva con la aseguradora para garantizar la devolución de las cantidades anticipadas, pero dicha póliza fue cancelada antes de la entrega de la vivienda, y la promoción fracasó debido a la declaración de concurso de la cooperativa. El demandante, que ya era propietario de otras tres viviendas, reclamó a la aseguradora la devolución de las cantidades anticipadas más intereses, alegando que la adquisición tenía finalidad residencial y que la póliza colectiva debía ampararle.

La aseguradora se opuso alegando que la adquisición tenía finalidad inversora, que la póliza colectiva fue cancelada y carecía de validez, y que la Ley 57/1968 no era aplicable. La primera instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó la sentencia, concluyendo que no se probó la finalidad residencial y que, por tanto, no era aplicable la Ley 57/1968 ni la responsabilidad de la aseguradora colectiva. El demandante interpuso recursos extraordinarios y de casación, que fueron desestimados por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo desestima los recursos interpuestos por el demandante, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó la demanda. Se reconoce que el demandante no acreditó suficientemente la finalidad residencial de la adquisición, dado que ya poseía otras viviendas y no justificó la necesidad de residir en la unidad habitacional adquirida, que formaba parte de un complejo geriátrico. En consecuencia, no es aplicable la Ley 57/1968, que protege a los adquirentes con finalidad residencial, y por tanto no procede la responsabilidad de la aseguradora colectiva ni la devolución de las cantidades anticipadas. El fallo impone las costas a la parte recurrente y confirma la desestimación de la demanda por falta de fundamento jurídico para la reclamación.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 04-03-2025, nº 324/2025, rec. 4585/2019

La demandante suscribió un contrato de compraventa de vivienda en construcción con una promotora, realizando anticipos por un total de 18.190 euros según un calendario de pagos pactado. La promotora entregó un aval individual expedido por la entidad bancaria avalista que garantizaba hasta 6.000 euros. Tras el incumplimiento de la promotora, la demandante inició un primer litigio en 2008 reclamando la devolución de los anticipos, limitando la reclamación contra el banco al importe del aval individual, obteniendo sentencia favorable por 6.000 euros más intereses. Posteriormente, en 2016, la demandante interpuso un segundo litigio contra el banco para reclamar el resto de las cantidades anticipadas no cubiertas por el aval individual, fundamentando su demanda en la improcedencia de respetar los límites cuantitativos del aval y en la responsabilidad del banco como avalista colectivo y receptor de los anticipos.

La Sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la demandante, anulando la sentencia de segunda instancia que desestimó la demanda. Se reconoce que no existió cosa juzgada ni preclusión que impidiera la reclamación posterior, dado que en el primer litigio no existía jurisprudencia consolidada sobre la improcedencia de respetar los límites cuantitativos del aval. Se confirma la responsabilidad del banco avalista por la totalidad de las cantidades anticipadas por la compradora, independientemente de la forma de pago o ingreso, conforme a la Ley 57/1968 y la doctrina jurisprudencial aplicable. Se condena al banco a pagar la cantidad reclamada de 12.190 euros más los intereses legales desde cada anticipo hasta su completo pago. Se desestiman las costas de los recursos y segunda instancia, imponiéndose al banco las costas de primera instancia. El fallo es de estimación parcial del recurso de apelación y estimación del recurso por infracción procesal y casación, por vulneración de derechos procesales y aplicación correcta de la normativa y jurisprudencia.

La sentencia destaca la consolidación jurisprudencial que impide limitar la responsabilidad del banco avalista al importe del aval individual cuando el comprador ha anticipado cantidades superiores, estableciendo que el aval debe cubrir la totalidad de los anticipos y sus intereses, independientemente de la forma de pago o ingreso en cuenta. Además, clarifica la aplicación de la cosa juzgada y preclusión en litigios sucesivos cuando la jurisprudencia evoluciona y el interés del demandante no pudo satisfacerse plenamente en el primer proceso.

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Resumo sentenzas cooperativas 2024

• Tribunal Supremo (Social), sec.4ª, S 24-09-2024, nº 1154/2024, rec. 5766/2022

Desestimouse a demanda presentada en primeira instancia, declarándose que a relación entre UVESA e os socios cooperativistas de Servicarne non é laboral.

A citada sentenza foi recorrida en suplicación pola Federación de Industria de CCOO, UGT Navarra, a TXSS e diferentes persoas físicas codemandadas ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra, sendo desestimados os recursos interpostos, confirmando na súa totalidade a sentenza recorrida.

Polas representacións de D.ª Angelica e outros, a Federación de Industria de Comisións Obreiras (CCOO) e a Tesourería  Xeral da Seguridade Social (TGSS) formalizáronse sendos recursos de casación para a unificación de doutrina ante a mesma Sala de suplicación sendo estimados pola Sala do Social do Tribunal Supremo, anulando a sentencia recorrida e obrigando a revocar na súa integridade a sentenza de instancia declarando a existencia de relación laboral entre a empresa UVESA e os socios de Servicarne que prestan servizos nas súas instalacións.

Neste caso o Alto Tribunal entendeu que “Servicarne no realiza de forma real y efectiva la actividad cooperativizada que formalmente constituye su finalidad y objeto social, sino que se ha constituido de manera formal y aparente como una cooperativa de trabajo asociado que utiliza en fraude de ley esa configuración legal para actuar en el mercado como una entidad destinada exclusivamente a la intermediación de mano de obra, para la puesta a disposición de trabajadores en favor de la empresa principal que ha subcontratado sus servicios y es por este motivo la verdadera empleadora de quienes trabajan en sus instalaciones”.

O Tribunal Supremo afirma que “Servicarne tan solo dispone de tres personas en la central de Barcelona, así como de 7 jefes de equipo que parecen actuar como coordinadores a nivel provincial”. Teniendo en cuenta el volumen de socios, que es superior a 5.000 personas que prestan servicios por todo el territorio nacional, “evidencia bien a las claras que tan nimia organización está exclusivamente destinada al cumplimiento de las formalidades legales necesarias para mantener la apariencia de cooperativa de trabajo asociado en la que descansa su actuación”.

Emitiuse un voto particular pola Excma. Sra. Dª Concepción-Rosario Ureste García, ao  que se adheriu a Excma. Sra. Dª María Luz García de Paredes, no que entenden que deberían desestimarse os recursos por non haber doutrina que unificar, en tanto que o exame da contradición de resolucións debe ter en conta a pretensión articulada na litis e non outras pertencentes a outros procedementos.

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• Audiencia Provincial (Civil), sec. 1ª, S 28-06-2024, nº 330/2024, rec. 64/2024

A Audiencia Provincial desestimou na súa integridade o recurso de apelación interposto, confirmando a sentenza de instancia. Tratábase de dilucidar se pode considerarse como ganancial a participación nunha sociedade cooperativa adquirida con bens procedentes dunha sociedade limitada na que un dos cónxuxes tiña participación privativa con anterioridade ao matrimonio.

A Audiencia entendeu que a sentenza aplica correctamente o artigo 1347.5 CC en relación co artigo 1346.1º CC, dado que, aínda que a sociedade cooperativa fúndase constando vixente a sociedade de gananciais, non se fai a expensas dos bens comúns, se non con bens que eran titularidade dunha sociedade de responsabilidade limitada dos que dispuxeron seus socios con carácter privativo na forma que consideraron conveniente.

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• Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentenza 369/2024, de 30 Maio de 2024, Rec. 15791/2023

O TSXG estima un recurso no que a controversia sitúase en determinar se unha concreta vivenda (sita en Madrid) pode ser considerada vivenda habitual do recorrente nos términos exixidos polo artigo 41.1 y 41 bis do Real Decreto 439/2007, de 3 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas, para a aplicación da exención del artigo 38.1 da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas.

A vivenda realizouse en virtude dun contrato de admisión e adxudicación de vivenda plurifamiliar firmado entre unha Cooperativa e o particular, especificando que no momento en que se produza a entrega material das chaves da vivenda, o socio causará simultáneamente baixa como socio na Cooperativa.

O tribunal entendeu que se debe partir de que a formalización da compraventa, dependía do acta de finalización de obras e da licenza de primeira ocupación; elementos que escapan do control do recorrente; e que se foran outorgados uns días antes, non estaríamos ante este litixio, pois en efecto, a vivenda ocuparíase polo recorrente antes do traslado con motivo laboral, así como que o recorrente, dende marzo de 2016 era socio da cooperativa que asumiu a promoción do edificio plurifamiliar en el que estaría situada dicha vivenda.

En virtude destas circunstancias tan particulares no presente caso consideraron que concorren as circunstancias do artigo 41 bis.1 do RIRPF paragrafo segundo que necesariamente exixen un cambio de domicilio, impedindo que a finca controvertida constituíra residencia durante o prazo previsto no artigo 41.1 RIRPF e que fora habitada de maneira efectiva e con carácter permanente por éste no prazo previsto no artigo 41.2 RIRPF.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 27-05-2024, nº 732/2024, rec. 6314/2019

Desestimouse a demanda presentada en primeira instancia, en ela se condenaba a Caixabank como entidade sucesora do antigo Monte de Piedade e Caixa de Aforros de Huelva e Sevilla (El Monte) que incumpriu o deber de vixilancia que lle impón o artigo 1.2 da Lei 57/68 (EDL 1968/1807), en relación ás cantidades aboadas pola actora á cooperativa de vivendas "Jardín de la Merced S.C.A." a conta do prezo das vivendas e así mesmo se lle condenaba a entregar a suma de 72.630,33 euros, cos intereses previstos no artigo 576 da Lei de Enxuiciamento Civil á actora.

Interposto pola entidade demandada contra dicha sentencia recurso de apelación, ao que se opuxo a demandante, estimouse o mesmo pola Audiencia Provincial de Sevilla e revocou a resolución con desestimación da demanda formulada contra Caixabank como sucesora de Monte de Piedade e Caixa de Aforros de Huelva e Sevilla.

Por último, contra a sentencia de segunda instancia a parte demandante interpuxo recurso de casación ao amparo do ordinal 3.º do art. 477.2 LEC, por interese casacional na súa modalidade de oposición á doutrina xurisprudencial desta sala, o cal foi desestimado porque a responsabilidade do art. 1-2.ª de la Lei 57/1968 no convirte ao banco que recibiu calqueira cantidade dos compradores o cooperativistas nunha especie de garante superposto ao avalista ou ao asegurador para todo o non cuberto por estes e é que, a responsabilidade do art. 1-2.ª nace do incumprimento pola entidade de crédito do seu deber de control sobre os ingresos unha vez que coñece ou pode coñecer o concepto polo que se fan. Por tanto, dito incumprimento debe apreciarse no momento e circunstancias no que se reciben os ingresos.

Neste caso non se puido considerar que o banco demandado necesariamente soupo ou tivo que saber que a cantidade ingresada en marzo de 2007 correspondía ao anticipo do prezo dunha vivenda polo que se desestimó el recurso.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 22-05-2024, nº 716/2024, rec. 4270/2019

Os recursos de casación e por infracción procesual interpóñense nun litixio promovido por un cooperativista da Sociedade Cooperativa de Vivendas Terras de Burgos (en adiante a cooperativa), despois de que outros cooperativistas da mesma cooperativa interesaran e obtiveran nun proceso anterior seguido contra as mesmas entidades bancarias hoxe recorridas (Caixa de Aforros de Santander e Cantabria, "Caja Cantabria", logo Liberbank S.A., (en adiante Liberbank), e actualmente Unicaja Banco S.A., e Caixa d'Estalvis de Cataluyna, actualmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en adiante BBVA) a declaración da súa responsabilidade como receptoras das aportacións con base no art. 1-2.ª de la Lei 57/1968.

O cooperativista demandante do presente litixio, que non foi parte no anterior, interesou neste a declaración da responsabilidade de ditas entidades bancarias e a súa condena ao pago das cantidades anticipadas e ingresadas polo demandante en cada unha delas, máis os seus intereses dende as fechas das respectivas entregas, e a controversia céntrase agora, como noutros recursos relativos á mesma cooperativa, na determinación do comezo do devengo do interese legal das cantidades aportadas, dado que o cooperativista-recorrente pide que se fixe o día inicial na fecha de entrega de cada unha das cantidades, como pediu na súa demanda e reiterou no seu recurso de apelación, fronte á sentenza recorrida, que seguindo o criterio uniforme establecido polos maxistrados das seccións civís da Audiencia Provincial de Burgos para tódalas reclamacións derivadas de dita promoción, fíxao, como a sentenza de primeira instancia, na fecha da primeira reclamación extraxudicial aos bancos demandados (6 de novembro de 2017, segundo os docs. 16 y 17 da demanda).

Conclúe que o verdadeiramente relevante é que ambas entidades incorreron na responsabilidade do art. 1-2.ª de la Lei 57/1968 dende o momento mesmo no que aceptaron os ingresos dos cooperativistas sen exixir da cooperativa promotora a apertura de conta especial debidamente garantizada e que os intereses, pola súa natureza remuneratoria, comezaron a devengarse dende ese momento. Por lo que fixa o comezo do devengo do interese legal nas fechas de entrega das súas aportacións.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 15-04-2024, nº 498/2024, rec. 4632/2019

O TS responsabiliza á entidade de crédito das cantidades anticipadas polos cooperativistas á promotora cando coñeza ou non poida descoñecer que os compradores estaban ingresando ditas cantidades a conta do prezo das vivendas en construción, sendo indiferente que os ingresos fáganse nunha conta non especial. Os intereses devénganse dende a fecha de cada anticipo, porque se trata de intereses remuneratorios e non moratorios.

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• Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 01-04-2024, nº 432/2024, rec. 561/2020

A Sala do TS determina a fecha inicial do devengo dos intereses legais das cantidades aportadas por cooperativista para a adquisición de vivenda que non chegou a construírse. Os intereses devénganse dende cada anticipo ou aportación ao tratarse de intereses remuneratorios e non moratorios.

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Resumo sentenzas cooperativas 2023

• Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil), Sección 1ª, de 17 de abril de 2023, núm. 498/2023, recurso núm. 1037/2019:

Los demandantes, los Sres. Isidro e Genoveva exercitaron contra Caixabank, S.A. unha acción de declaración de nulidade dunha cláusula solo, alegando na súa demanda que non negociaron a inclusión de dita cláusula no contrato, senón que lles foi imposta.

Estes señores, o 19 de outubro de 2011 firmaron unha escritura de adxudicación con subrogación hipotecaria pola cal adquirían un local comercial e se subrogaban na hipoteca ao promotor constituída pola cooperativa denominada Puente de Hierro S. Coop. And.

O Xulgado de Primeira Instancia apreciou a abusividade da cláusula, obrigando ao banco a restituír as cantidades percibidas pola súa aplicación. Sen embargo, a entidade bancaria demandada recurriu en apelación, estimando a Audiencia o recurso e desestimando a demanda.

Ao respecto, os demandado interpoñen recurso extraordinario por infracción procesal e recurso de casación.

A Sala do Tribunal Supremo, en canto ao coñecemento da cláusula pola subrogación, afirma que a sucesión contractual non releva a entidade financeira do seu deber de transparencia, nin sequera no caso no que, por ser cooperativistas, o préstamo ao promotor no que se subrogaron fora concedido á cooperativa a cal, tras a construción e adxudicación, transmitiu o inmoble aos consumidores.

En conclusión, pronúnciase a Sala afirmando que neste caso, o dereito a obter información a través da cooperativa non exime a entidade do cumprimento dos seus deberes de información.

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• Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil), Sección 1ª, de 28 de febreiro do 2023, núm. 321/2023, recurso núm. 3586/2019:

O presente recurso de casación for promovido por un socio da cooperativa agraria de Castilla la Mancha e o seu obxecto é a impugnación do acordo da asemblea xeral da cooperativa que lle impuxo unha sanción de 12.000 euros pola comisión dunha falta tipificada como moi grave nos estatutos de dita cooperativa, ao incumprir as obrigas dos socios recollidas nos estatutos vende parte da súa produción de uva na campaña 2017/2018 fora da mesma.

En primeira instancia, o Xulgado do Mercantil entendeu probados os feitos pero considerou que a sanción era desproporcionada. Entón, a sociedade cooperativa demandada apelou a sentenza e a Audiencia Provincial desestimou o recurso de apelación. Debido a isto, a sociedade cooperativa formulou recurso de casación invocando infracción dos artículos 37 e 38 da Lei 11/2010 de Cooperativas de Castilla la Mancha e dos artículos 1 e 19 dos Estatutos Sociais, alegando ademais a aplicación da doctrina dos actos propios por considerar a sanción proporcionada xa que o demandante fora presidente da cooperativa nun pasado.

O Tribunal, sobre o control xudicial dos acordos disciplinarios das sociedades cooperativas alega que neste caso en particular dada a natureza patrimonial da sanción e o prexuízo económico que esta supón para o cooperativista, o ámbito da cognición do tribunal para revisar o acordo disciplinario é amplo e non se encontra imposto polo dereito á auto organización da sociedade cooperativa como podería estalo no caso dun acordo doutra natureza.

Outro dato importante a ter en conta é o feito de que, de acordo ca proba practicada, impúxoselle a sanción máxima ao socio coa finalidade de disuadir ao cooperativistas de darse de baixa na cooperativa, xa que o feito determinante da sanción foi a solicitude de baixa. É doutrina reiterada por este tribunal que o socio pode abandonar voluntariamente a cooperativa cando o desexe coa recuperación das súas aportacións, sempre que cumpra os obrigas legais e estatutarias.

Por todo isto, o tribunal desestima o recurso de casación interposto pola cooperativa.

 

• Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil), de 13 de outubro de 2022), núm. 667/2022, recurso núm. 3821/2019:

O recurso de casación da presente sentenza interponse por dous cooperativistas da Sociedade Cooperativa de Vivendas Terras de Burgos contra tres entidades financeiras. Estes cooperativistas interesaron o reintegro das cantidades anticipadas e ingresadas en cada unha das tres entidades máis os seus intereses dende a fecha das respectivas entregas.

Polo tanto, o obxecto deste recurso é determinar o comezo do devengo do interese legal das cantidades aportadas polo cooperativistas. Establece ao respecto o tribunal que o aspecto verdadeiramente relevante é o momento en que ambas entidades incorreron na responsabilidade do art. 1-2.ª da Lei 57/1968, o cal se traduce no momento no que aceptaron os ingresos dos cooperativistas sen esixir a cooperativa promotora a apertura dunha conta especial con súa debida garantía. Polo tanto, resolve a Sala afirmando que os intereses, pola súa natureza remuneratoria, comezaron a devengarse dende ese mesmo momento.

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Resumo sentenzas cooperativas 2021 e 2022

• Sentenza da Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 28 de enero, núm. 46/2022, recurso núm. 986/2020:

O asunto que resolve esta sentenza parte do reembolso das aportacións por saída ou baixa dos socios da cooperativa en función da cualificación de dita baixa.

A baixa dos socios é un dos acontecementos máis relevantes da vida cooperativa, en relación cos principios de adhesión voluntaria e aberta. Como o socio pode abandonar voluntariamente a cooperativa mediante a recuperación das súas aportacións, co cumprimento de determinadas condicións legais e estatutariamente, a baixa ten unha indubidable influencia na estabilidade do capital da sociedade.

Baixo esta consideración, a obrigatoriedade da comunicación da cualificación da baixa ao socio interesado non é casual, nin un mero requisito formal sen contido, porque precisamente de dita comunicación depende o nacemento dunha serie de consecuencias xurídicas. Se a cualificación é contraria aos intereses do socio, ábrese un período para a súa impugnación. Polo contrario, se se cualifica a baixa como xustificada, ábrese un procedemento para o reembolso cooperativo, como plasmación da liquidación parcial do contrato de sociedade.

Para garantir o dereito de defensa do socio imponse non só que o Consello Reitor decida, senón tamén que o acordo sexa debidamente comunicado a aquel, establecéndose os prazos ao efecto. Atopámonos, polo tanto, ante un acto recepticio, de modo que a cualificación da baixa como non xustificada só pode facerse valer fronte ao socio cando se adopta o axeitado acordo e este se notifica no prazo legalmente marcado. Doutro modo, a baixa debe considerarse en todo caso xustificada por ministerio da lei.

 

• Sentenza da Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 31 de marzo, núm. 232/2022, recurso núm. 556/2020:

A Audiencia Provincial de Madrid resolve un recurso de apelación sobre a impugnación de varios acordos aprobados en Asemblea Extraordinaria entre os cales, un deles, aprobaba a modificación do Regulamento do Réxime Interno da cooperativa incorporando penalización por contía de cinco mil euros (5.000,00€) a aqueles socios que exercitasen o dereito á excedencia voluntaria – contemplada nos Estatutos como un dereito dos socios – para traballar noutra empresa do sector educativo da Comunidade de Madrid, descontándose da liquidación do reembolso das súas aportacións no momento en que cause baixa da cooperativa, sexa o motivo que fora.

Na sentenza ditada polo Xulgado do Mercantil núm. 3 de Madrid que se vén a recorrer pola sociedade cooperativa reprodúcense unha serie de argumentos que son acollidos polo Audiencia Provincial para resolver o recurso presentado. Sinala o Tribunal que a excedencia voluntaria é un dereito dos socios que está previsto expresamente nos Estatutos, pero que pode ser desenvolto no Regulamento de Réxime Interno da cooperativa, sempre e cando non infrinxa os propios estatutos. Así, tanto na Lei de Cooperativas Estatal como nos Estatutos desta cooperativa establece que a excedencia realizarase sen reserva de posto de traballo, pero mantendo o resto de dereitos en igualdade cos demais socios, a excepción dos dereitos de percibo de anticipos, retornos, de voto e a ser elixidos en cargos dos órganos sociais.

Visto isto, a Audiencia acorda desestimar o recurso razoando que da lectura da Lei e dos Estatutos determinase que as obrigas e dereitos vencellados á excedencia teñen unha regulación exhaustiva nos estatutos e na lei, e aínda que a decisión de conceder ou non a excedencia é facultativa da Asemblea, esta decisión debe preservar o núcleo de dereitos e obrigas legais e estatutarios, non podendo establecer unha penalización económica no Regulamento de Réxime Interno que resulte contraria aos Estatutos.

 

• Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil), Sección 1ª, de 6 de xullo, núm. 488/2021, recurso núm. 3322/2018:

O Tribunal Supremo resolve un recurso de casación negando a procedencia do reembolso de aportacións non diñeirarias ao recorrente, que trataba de computar como aportación un concepto non incluíble no balance, neste caso, os traballos preparatorios para a posta en funcionamento da actividade cooperativizada. Así, este concepto non pode considerarse que sexa avaliable como un traballo ou un servizo merecedor de retribución independente que poida ser conceptuado como un crédito contra a sociedade que se aporta como aportación non diñeiraria nunha ampliación de capital. O Tribunal Supremo recorda que o traballo e os servizos non poden ter a consideración de aportacións non diñeirarias, posto que, aínda que poidan ser valorables economicamente, non poden incorporarse ao patrimonio da sociedade. O traballo non é un valor cuantificable e actual incluíble como activo no balance da sociedade cooperativa e susceptible de expresión monetaria e execución, polo que non pode cumprir coa función de garantía que é propia do capital.

Polo tanto, que a Lei de Cooperativas de Murcia non recolla expresamente a prohibición de emitir participacións a cambio de compromisos contraídos en relación á execución de obras ou a prestación de servizos non significa que permitira que os traballos ou servizos puideran considerarse como aportacións sociais, seno que simplemente non se opón ao Regulamento Comunitario 1435/2003, no cal si se recolle expresamente a prohibición.

 A maiores, o Tribunal Supremo ditamina que ningún dos conceptos  pode considerarse avaliable como un crédito contra a sociedade que se aporta como aportación non diñeraria nunha ampliación de capital e que, pola contra, eses traballos abarcan as labores propias dos membros do Consello Reitor para poñer en funcionamento o obxecto social unha vez constituída a cooperativa.

 

• Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil), Sección 1ª, de 27 de abril, núm. 229/2021, recurso núm. 3364/2018:

Neste recurso de casación o Tribunal Supremo resolve un asunto sobre a reclamación da devolución das cantidades aportadas por un socio que solicita a baixa voluntaria. Nel, o socio realizou correctamente a solicitude de baixa, pero non chegou a obter resposta da solicitude do acordo do Consello Reitor cualificando a baixa como non xustificada.

A Lei de Cooperativas da Comunidade Autónoma de Madrid non contén ningunha norma sobre o prazo no que o Consello Reitor debe cualificar a baixa do socio, polo que haberá que estar á Lei 27/1999, de 16 de xullo, de Cooperativas. A controversia radica en se o prazo de tres meses establecido na lei estatal para formalizar o acordo da cualificación da baixa se refire á súa adopción ou tamén á súa recepción.

O Tribunal Supremo incide na importancia da obrigatoriedade de comunicar a cualificación dunha baixa como xustificada ou non, lembrando que esta obriga non é casual, nin un mero requisito formal sen contido, senón que dela depende o nacemento dunha serie de consecuencias xurídicas relevantes.

Polo tanto, atendendo á importancia da obrigatoriedade de comunicar a cualificación da baixa e á das súas consecuencias xurídicas, o Tribunal Supremo considera que o prazo de tres meses para formalizar o acordo de comunicación da baixa refírese tanto á adopción do acordo como á recepción da súa notificación, polo que establécese así a natureza recepticia da comunicación ao socio prevista no artigo 17.2 da Lei estatal, debendo a sociedade asegurarse de que o socio recibe a comunicación.

 

• Sentenza da Audiencia Provincial da Coruña, Sección 4ª, de 8 de febreiro, núm. 43/2021, recurso núm. 151/2020:

A Audiencia Provincial da Coruña resolve un recurso de apelación sobre o acordo do Consello Reitor sobre a baixa de cooperativistas, a cal foi impugnada sete anos despois de que se acordase. Dito acordo denegatorio de baixa dos cooperativistas foi notificado aos cooperativistas, sen que estes o impugnasen, nin na asemblea nin xudicialmente, senón que deixaron transcorrer nada menos que sete anos antes de promover a acción xudicial para obter o recoñecemento de efectos da baixa, transcorrendo amplamente o prazo de dous meses establecido na Lei de Cooperativas de Galicia, artigo 52.3. Outro dos feitos controvertidos é a propia existencia do acordo do Consello Reitor, a cal se pon en dúbida.

Finalmente, o Tribunal remata acordando que si existiu o acordo e si foi notificado, pero, aínda que non existise, a pasividade dos socios cooperativistas aos que se lles denegou a baixa durante sete anos só pode ser interpretada como unha manifestación de desistencia e, polo tanto, como unha confirmación voluntaria e consciente de conformidade co acordo que o socio non pode descoñecer tanto tempo despois sen faltar ás exixencias da boa fe.

 

• Sentenza da Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 4 de febreiro, núm. 220/2021, recurso núm. 2092/2020:

O asunto que resolve esta sentenza parte dunha reclamación de danos e prexuízos dun cooperativistas que se dá de baixa ante a negativa da cooperativa de aboar ao demandante (camioneiro) os servizos de transporte prestados e unha cantidade adicional derivada dos prexuízos derivados da negativa da demandada a dar de baixa os camións do demandante. Dita reclamación de danos e prexuízos foi estimada en primeira instancia e nesta sentenza. Porén, entre unha e outra sentenza prodúcese unha modificación da responsabilidade do presidente do Consello Reitor da cooperativa, xa que en primeira instancia o Xulgado declarou a responsabilidade do mesmo de conformidade co réxime de responsabilidade dos membros do Consello Reitor da Lei Catalá de Cooperativas.

Na oposición á demanda, o demandado alegou falta de lexitimación pasiva e no recurso alega a incongruencia da sentenza, xa que na demanda non se precisou a acción que se exercitaba nin se precisou ningún dos requisitos para a declaración de responsabilidade. Estas alegacións do recurso son estimadas pola Audiencia Provincial, entendendo que se produciu unha alteración na causa de pedir, apartándose o xuíz dos feitos alegados polo actor.

Polo tanto, o Tribunal conclúe que o xuíz de instancia se extralimitou ao concluír que concorrían no Presidente do Consello Reitor (apuntando que tamén concorrían no resto de membros do Consello) todos os requisitos da acción individual de responsabilidade e, deste modo, acordan que non procede declarar a responsabilidade destes toda vez que o mero feito de ostentar a condición de presidente ou de membro do Consello Reitor non establece a responsabilidade das obrigas da cooperativa, absolvendo ao demandado.

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Resumo sentenzas cooperativas 2021

• Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 27-04-2021, nº 229/2021, rec. 3364/2018:

El TS entiende que la comunicación al socio prevista en el art. 17.2 de la Ley de Cooperativas es recepticia y que la sociedad debe asegurarse de que el socio recibe la comunicación. Por ello considera que el plazo de formalización del acuerdo de calificación de la baja se refiere tanto a la adopción del acuerdo como a la recepción de su notificación.​

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• Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 29-03-2021, nº 173/2021, rec. 4876/2017:

Afirma el Tribunal Supremo que en este caso la decisión de rescindir la relación contractual por la que optaron los cooperativistas, dándose de baja de la cooperativa tal y como les facultaban sus estatutos, con reintegro de sus aportaciones, no obedeció a una voluntad contraria a la adquisición de la vivienda, sino exclusivamente a la circunstancia de que la construcción no solo no había finalizado en plazo sino que ni tan siquiera había comenzado a iniciarse casi trece años después de constituirse la cooperativa, casi diez desde que se prestó el aval y casi ocho años después de que los propios cooperativistas firmaran su incorporación a la misma e hicieran sus primeras aportaciones.

Argumenta el alto tribunal que la baja, en la fecha en que se comunicó, estaba plenamente justificada porque los estatutos vigentes en ese momento y desde principios de 2014 aludían como motivo justificado a los previstos en el art. 137.2, apdo c) LCoopCLM 2010, también aplicable por razones temporales, según el cual "".

Además razona que el incumplimiento de la cooperativa no podía justificarse por la circunstancia de que el suelo estuviera pendiente de urbanizar, pues además de que esta tuvo que ser conocida por la entidad garante cuando prestó el aval, se trata de una circunstancia que para la jurisprudencia no puede operar en perjuicio de los cesionarios de viviendas en construcción.

Y en relación con la garantía dice que, el avalista responde frente al cesionario de la vivienda, como lo haría el promotor, de la devolución de las cantidades anticipadas por aquel a cuenta del precio si el promotor no cumple su obligación de entrega efectiva.

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• Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, sec. 6ª, S 25-02-2021, nº 32/2021, rec. 139/2020:

En esta sentencia destaca la Audiencia que en el proceso concursal se aprobó la venta de la unidad productiva a la nueva cooperativa integrada en su mayor parte por los mismos socios que la cooperativa declarada en concurso. A consecuencia de ello, no sólo se transmitieron libres de cargas y gravámenes los bienes y derechos que formaban parte de la unidad productiva, sino que también se acordó por el juez del concurso la cesión a la adquirente de todos los contratos, licencias urbanísticas y calificación VPA.

Como la nueva cooperativa se ha subrogado en la posición de la anterior y ha terminado la obra y adjudicado a la demandante el piso, un trastero y dos plazas de garaje, las cantidades anticipadas se destinaron a la promoción y en dicho contexto, la estimación de la demanda con el reintegro de las cantidades anticipadas, conllevaría un enriquecimiento sin causa.

Y deja sentado que en relación con la cuestión referida a si dentro del concepto de anticipos no sólo se han de incluir las cantidades abonadas en efectivo, sino también los créditos cedidos y reconocidos, entiende la audiencia que sólo podría tener encaje dentro de dicho concepto las primeras porque la ley habla expresamente de "entregas de dinero" (disposición adicional primera Ley 3/89 o artículo 122 Ley de Cooperativas de Galicia).

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• Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, sec. 1ª, S 08-01-2021, nº 8/2021, rec. 851/2019:

En esta sentencia se aborda la problemática de la baja de un socio en una cooperativa que da pérdidas y su incidencia en la cantidad a reembolsar al socio. Y afirma la Audiencia, con cita de otras sentencias, que respecto de los socios que solicitan la baja en la cooperativa, ha de aplicarse un criterio de liquidación, tomando en consideración que el capital que el socio aporta a la cooperativa es un capital de riesgo, que puede disminuir o incluso desaparecer como consecuencia de la imputación de las pérdidas de la cooperativa, hasta el punto de que el importe de la liquidación del reembolso resultara deudor para el socio. Concluye que las pérdidas existentes en la cooperativa han de deducirse de las aportaciones que se reembolsan obteniéndose un resultado, y ese resultado de la liquidación fue apreciado teniendo en cuenta un informe pericial elaborado por economista.

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• Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 1ª, S 24-02-2021, nº 117/2021, rec. 919/2020:

En esta sentencia se aborda un procedimiento sancionador a un cooperativista, y afirma la Audiencia que los acuerdos de incoación no son recurribles, afirmando que las posibles anomalías procedimentales podrán hacerse valer en la impugnación que pudiera plantearse respecto del eventual acuerdo sancionador, pero no respecto de una resolución que se limita a incoar el expediente y dar traslado para alegaciones.

Así mismo considera que no es necesario interponer un recurso ante el Comité de Recursos, como trámite previo obligatorio a la impugnación del acuerdo en vía judicial, porque dicho trámite es puramente potestativo, como se desprende del tenor literal del art. 25.3 in fine LCG, en relación con el art. 52.3 del mismo cuerpo legal.

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Resumo sentencias cooperativas 2020

• Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 26-02-2020, nº 126/2020, rec. 3282/2017:

El TS entiende que procede el derecho de reembolso de las aportaciones de capital a causa de la baja justificada de un socio de la cooperativa. En este sentido, se aborda la cuestión de la diferencia entre un reembolso de las aportaciones de capital social y el retorno cooperativo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de Galicia (arts.64 y 67) y la Ley estatal de Cooperativas (arts. 51 y 58).

En este caso, el socio trabajador reclamó el reembolso por aportaciones al capital de la cooperativa, así como las cantidades por el retorno cooperativo. El TS afirma que el reembolso de las aportaciones al capital es un derecho que se deriva, ex lege, por la baja del socio y, por ello, procedente. Sin embargo, entiende que para que se conceda el retorno cooperativo tiene que haber un resultado económico positivo del ejercicio y además un acuerdo de la asamblea general (o precepto estatutario) que acuerde repartir entre los socios, en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por casa socio, pues ese acuerdo es el que transforma el derecho social en abstracto del socio al retorno en un concreto derecho de crédito determinado, líquido y exigible a su favor. No habiendo sido acreditado el acuerdo de la asamblea de la cooperativa en relación con el retorno cooperativo (sí sobre anticipos laborales, concepto asimilado a salarios y distinto del retorno), no considera que proceda.

 

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (sec. 1ª), nº232/2020 de 14 de febrero (rec. 18/2018): 

La AP declara la nulidad de acuerdos adoptados (calificación de baja voluntaria como injustificada, la deducción del 25% del reembolso de las aportaciones de los socios al capital social e indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación de preaviso para la baja) por el COMITÉ DE RECURSOS al no considerar este válidamente constituido en la fecha de adopción de los acuerdos. Esto se debe a que el artículo 44 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, exige para la válida constitución del Comité de Recursos que se modifiquen los estatutos sociales para incluir al órgano y que se inscriba dicha modificación en el Registro de Sociedades Cooperativas (artículo 11 de la Ley y art.9.1 del Reglamento de Sociedades Cooperativas). Y ello aunque la creación del Comité de Recursos conste mediante acuerdo de Asamblea General y aunque los acuerdos fueran adoptados por el Comité Rector, por no precisar la indemnización correspondiente y por remitir el recurso de los acuerdos al Comité de Recursos, que no se encontraba válidamente constituido.

 

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (sec. 5ª) nº241/2020, de 9 de marzo (rec. 113/2017): 

La Audiencia declara que es obligación de la Cooperativa de realizar el reembolso de las aportaciones al capital social de la cooperativa cuando un socio causa baja de dicha sociedad conforme a los artículos 42 y 84 LSCA. No habiendo controversia respecto al derecho a dicho reembolso cooperativo ni que el socio reúne los requisitos para el reintegro, es la cooperativa quien debe concretar los cálculos del mismo debido a la mayor facilidad probatoria e intervención del Consejo Rector, aunque el socio presente una reclamación con cantidad cuantificada y concreta del derecho de reembolso.

 

• Sentencia de la AP de Madrid (sec. 28ª) S 14-07-2020, nº 360/2020, rec. 91/2019:

La AP determina el alcance de la responsabilidad de los administradores de la cooperativa de vivienda conforme a la Ley4/1999, de 30 de marzo, de cooperativas de la Comunidad de Madrid, entendiendo que a efectos de responsabilidad no basta con el hecho de que a los administradores les resulte imputable una conducta sino que es necesario que exista relación entre esa conducta y el impago de la deuda que tenía la cooperativa, pues los administradores no son garantes de las obligaciones sociales.

 

• Sentencia del TSJ de Murcia (Social, sec. 1ª), nº323/2020, de 4 de marzo (rec.180/2019):

El TSJ resuelve sobre un caso en que un socio trabajador es despedido de manera improcedente (es expulsado de la cooperativa), siendo la cuestión sobre si la expulsión genera la situación legal de desempleo desde que cese en el trabajo y así es considerado despedido improcedentemente con opción a la indemnización, o si conforme al art. 71.5 de la Ley de Cooperativas de la Región de Murcia, el socio trabajador sigue siendo socio hasta la devolución de su participación. Resuelve el TSJ entendiendo que la extinción de la relación laboral se produce cuando se expulsa al socio, por lo que cuando finaliza la prestación de servicios nace el derecho a la prestación por desempleo, y cuestión distinta es el abono o reintegro de su participación social.

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Resumo sentencias cooperativas 

• Sentenzas Audiencias Provinciais 2019

  • Sentenza AP A Coruña, sec. 4ª, S 14-03-2019, nº 101/2019, rec. 513/2018. En relación as vías de impugnación dos acordos de expulsión dos socios da cooperativa. Concretamente, o recurso ante a Asemblea Xeral e os efectos do silencio da mesma na resolución do recurso​

  • Sentenza AP A Coruña, sec. 6ª, S 28-12-2018, nº 216/2018, rec. 179/2018. Refírese a un cooperativista que causa baixa voluntaria e solicita o reembolso das aportacións a entidade aseguradora. A sentenza ditamina que a aseguradora, por o seguro de caución, non debe responder da devolución de aportacións

• Repositorio Audiencias Provinciais

• Repositorio Audiencias Provinciais 2

• Repositorio Xulgado do Mercantil